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Por subcontratación ilegal empresas evaden más de 21 mil millones de pesos anuales

Ciudad de México, México (13 de febrero de 2020).- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, indicó que debido a la subcontratación ilegal hay una evasión que supera los 21 mil millones de pesos anuales, lo cual ha afectado en tres dimensiones: trabajadores, empresas e instituciones del Gobierno Federal, en particular al propio Instituto.


Durante la inauguración del Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación, que se llevó a cabo en el Senado de la República, el titular del IMSS señaló que este monto significa para el Seguro Social lo equivalente a construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 unidades médicas de primer nivel de atención.

“Yo prefiero que los trabajadores en este país tengan mejores hospitales, mejores servicios y cada vez haya menos empresarios presumiendo sus aviones, yates, autos y relojes”, enfatizó.

Indicó que en diciembre de 2019, el Seguro Social detectó a 14 mil 553 empresas que dieron de baja a todo su personal, que van de 101 hasta 500 empleados o más. Esa decisión afectó a alrededor de 64 mil trabajadores y sus familias.

Robledo señaló que las principales afectaciones de la subcontratación ilegal son:

  • Se abarata el costo de la mano de obra y disminuyen para los trabajadores sus ingresos y prestaciones.
  • Tienen menos estabilidad en el empleo.
  • Dejan de recibir ingresos por prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo y liquidación.
  • Se les registra con un salario menor al real, lo que repercute en sus ahorros para el retiro y pensión.

“Como el colesterol, hay Outsourcing bueno y malo, si nos ponemos de acuerdo en que hay una situación que no podemos generalizar, donde una organización se puede ayudar con reglas establecidas, tenemos que fortalecerlo; pero cuando hay abusos, engaños, simulaciones y arbitrariedades, no las podemos permitir. Cuando tenemos esta cara del agandalle, de los vivales, dañamos a todos los que pueden estar haciendo un uso correcto”.

Subrayó que la menor recaudación de ingresos reduce la capacidad del Gobierno para fondear la seguridad social, en especial, servicios de salud y pensiones y, en el caso del Infonavit, la vivienda; además, se entorpece el crecimiento de la infraestructura y capacidad instalada de las instituciones públicas, para ofrecer mayores y mejores servicios de seguridad social.

Redacción

 

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