Ciudad de México, México (10 de enero de 2018).- El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 36.9 millones de pesos a los partidos políticos, entre ellos el PRI, “por no rechazar recursos de empresa ‘fantasma’ entregados en tarjetas a representantes de casilla en las Elecciones 2012”.

En 2012, el que fuera en aquel entonces Instituto Federal Electoral ahora INE, comenzó la investigación de la queja que se dio a conocer como Monex, entre sus actuaciones la entonces Unidad de Fiscalización se propuso indagar si se habían hecho pagos mediante tarjetas a los representantes de casilla del PRI, de la Coalición Compromiso por México.

Los recursos fueron en beneficio de representantes generales y de casilla de  los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), integrantes de la coalición Compromiso por México; así como a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) que conformaban la coalición total denominada Movimiento Progresista.

INE-Sanciones-Monex

Dos ciudadanos, Raúl y Nabor, ambos de apellido García residentes de Veracruz, militantes del PRI declararon haber recibido pagos de dos mil pesos a través de sendas tarjetas del Banco Bancomer por su labor como representantes de casilla, informó el consejero electoral Ciro Murayama Rendón.

Por otra parte, en la misma indagatoria sobre la queja Monex, el PAN denunció la existencia de 16 tarjetas de otras instituciones bancarias que habrían sido utilizadas para dispersar recursos a favor de la Coalición “Compromiso por México”.

La Unidad de Fiscalizaciones siguió el procedimiento y dio inicio hace casi cinco años, el 18 de enero de 2013 a la queja que este miércoles se resolvió. “En total se partió con la tarea de indagar 18 tarjetas de las cuales 16 fueron emitidas por Bancomer, una por Banamex y otra por Santander tras rastrear en el Sistema Financiero sobre el origen y destinatarios de esas 18 tarjetas se identificó que 10 estaban debidamente acreditadas y no daban indicio de ilícito alguno, pero quedaron ocho, todas de Bancomer que son fruto de un contrato con la empresa llamada Logística, Estratégica ASISMEX S.A. de C.V. que supimos en las indagatorias sobre ASISMEX que se constituyó en 2010 como comercializadora y distribuidora, que entre octubre de 2011 y julio de 2012 periodo coincidente con el Proceso Electoral Federal recibió depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos que en el mes previo a la Jornada Electoral sus ingresos provenientes de siete aportantes fueron por 123 millones de pesos”, dijo.

“Al buscar esos aportantes no se localizaron, o bien negaron relación con ASISMEX, además de ninguno de esos movimientos se localizaron facturas en el Sistema de Administración Tributaria y tampoco se ubicó ASISMEX en el domicilio asentado ante el SAT, una empresa en suma que se esfumaba, que no se localizaba, pero bajo cuya fachada fluyeron en 10 meses casi mil 400 millones de pesos a través del Sistema Bancario”, agregó.

El uno de diciembre del año pasado 2017, y tras años de requerimientos de información a Bancomer, finalmente entregó al INE con la intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues nos preocupaba que expirase la potestad sancionadora del INE en este caso, entregó Bancomer, finalmente, decía un disco con una base de datos que contiene la relación de personas beneficiarias de las tarjetas dispersadas por ASISMEX en 2012, entre las que se encuentran precisamente las 8 tarjetas origen de la investigación.

En el disco entregado por Bancomer se identifica a 30 mil 707 nombre únicos, dichos beneficiarios tienen depósitos de acuerdo a la información recibida por 70.5 millones de pesos. Los estados de cuenta que constan en el expediente se documenta que el 27 de junio de 2012, cuatro días antes de la Jornada Electoral del 1° de julio, ASISMEX realizó pagos por 63.5 millones de pesos, el mismo día que dispersó recursos a las tarjetas pertenecientes al lote donde se ubican las 8 tarjetas investigadas. La Unidad de Fiscalización del INE cruzó la base de datos entregada por Bancomer con nuestro registro de representantes acreditados por los partidos en la Jornada Electoral del 1° de julio de 2012 para ver si los beneficiarios de los depósitos de las tarjetas ASISMEX tenían relación con la operación electoral.

Los hallazgos son interesantes, se detectó una coincidencia de 7 mil 311 casos únicos, sin duplicidad de nombre para identificar claramente un beneficiario de las tarjetas con un representante acreditado por partido político, a esas 7 mil 311 personas se les hicieron ingresos por 18 millones 441 mil pesos; 5 mil 613 representantes del PRI y Verde recibieron 15 millones 152 mil pesos; mil 26 representantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano recibieron pagos por 2 millones 58 mil pesos; 369 representantes del PAN tuvieron depósitos por 742 mil pesos y 243 representantes de Nueva Alianza recibieron depósitos por 489 mil pesos. “Estamos ante una trama de financiamiento paralelo irregular opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del 1° de julio de 2012; una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma se fondea de recursos de empresas igual de irregulares y hace un contrato con una Institución Bancaría para dispersar recursos a miles de personas, realiza pagos a cuatro días de la Jornada Electoral y documentamos 7 mil 311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos, esa es la infracción, financiamiento ilegal a la política y la sanción que proponemos es del 200 por ciento de los recursos ilícitos recibidos”, señaló Murayama.

“Está plenamente acreditado que dos tarjetas llegaron a manos de dos ciudadanos bien identificados, residentes en Veracruz que fueron representantes de casilla en 2012, quienes recibieron pagos por 2 mil pesos cada uno. Su remuneración se dio a través de las tarjetas Bancomer contratadas por ASISMEX y fondeadas precisamente el 27 de junio…todo ello coincidente con la Jornada Electoral del 1° de julio de 2012 porque para más abundamiento, esas tarjetas no volvieron a ser fondeadas, no se volvió a pagar a nadie después de esa única operación. Como puede verse, el INE sanciona la violación a la Ley con independencia del color del infractor”, agregó.

Con información de Agencia Quadratín

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