Funcionarios pidieron incrementar catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva
Ciudad de México, México (3 de agosto de 2017).- Tras las constantes críticas de gobernadores y del Comisionado Nacional de Seguridad, en el Senado se llevó a cabo el foro Reformar para Mejorar el Sistema de Justicia Penal.
Especialistas, autoridades y operadores del sistema de justicia indicaron que es necesario hacer una reflexión a partir de las demandas ciudadanas respecto a la protección de sus bienes jurídicos, ya que uno de los fenómenos que se ha advertido es algo que se le ha llamado la puerta giratoria, que permite salir a los criminales casi tan pronto como entraron.
El gobierno de la ciudad de México y Álvaro Vizcaíno titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pidieron al poder Legislativo modificar las leyes para que se pueda imponer prisión preventiva a quienes cometan los delitos que más están afectando a la sociedad en estos momentos.
Vizcaíno Zamora, reconoció que si bien el sistema de justicia penal es mejor que el de hace nueve años, hoy hay más armas en la calle y por consecuencia un sensible incremento de los homicidios dolosos en el país.
Argumentó que ante el incremento de homicidios dolosos y del robo de hidrocarburos, hoy se vuelve fundamental que estos delitos merezcan prisión preventiva oficiosa.
“¿Está fallando el sistema de justicia penal? La respuesta es no. No está fallando el sistema de justicia penal. Tenemos un mejor sistema de justicia penal. Están fallando algunos operadores y están fallando algunas instancias del propio sistema que no se construyeron bien o que no han terminado de madurar. Ahora bien, ¿cómo se puede resolver el problema de la llamada puerta giratoria? -Cuestionó- ¿Incrementar los delitos que merecen prisión como medida cautelar es una contrarreforma? Es la pregunta que nos estamos formulando. La respuesta es no: Incrementar los delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar no es una contrarreforma porque no se propone modificar ninguno de los diez artículos constitucionales que fueron reformados en 2008 para establecer este nuevo sistema de justicia”, indicó.
Por su parte, Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos de la PGJCDMX aseguró el Jefe de gobierno capitalino presentó una iniciativa de reformas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, que lejos de considerarse como un retraso al sistema procesal penal, coincide con el esquema fundamental de protección a los derechos humano tanto del imputado como de la víctima y pretende fortalecer los instrumentos jurídicos para que el Ministerio Público realice una investigación más solida.
Se trata, explicó, de incrementar el catálogo de delitos que forman parte del catálogos de prisión preventiva oficiosa.
“Se propone que se incluyan delitos dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa que premiará garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas, entre ellos la portación o posesión, fabricación, comercio, importunación, exportación y acopio de armas de fuego sin autorización legal respectiva o de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas”.
Añadió, incluir en este catálogo los delitos de feminicidio, extorsión robo de vehículos, robo de casa habitación (con y sin violencia), delitos en materia de hidrocarburos, petrolífero y petroquímicos; el robo de transporte de carga, pues son delitos que han venido manifestándose en todo el país y que requieren respuesta del Estado en todo momento.
Y advirtió sobre el riesgo de abusar de los acuerdos reparatorios como una salida para simplemente evadir la acción penal, sin verdaderamente impartir justicia ante el delito. Por ello se propuso establecer un registro nacional de los acuerdos reparatorios para que la autoridad pueda conocer si una persona ha celebrado con anterioridad un acuerdo reparatorio y de esa manera evitar que pueda celebrar más en el futuro, y evitar así que se convierta en una salida alterna que pueda llevar a un terreno de impunidad.
Ante los argumentos, las legisladoras reconocieron que están abiertas a reconocer las deficiencias y fortalecer el sistema de Justicia.
J. Ángel Gallegos