Ciudad de México (21 de agosto de 2015).- Siete meses después de haber sido designado por el presidente Enrique Peña Nieto para investigar un presunto conflicto de intereses en la compra de la Casa Blanca, el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, entregó los resultados de los expedientes.

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Las inmobiliarias que celebraron contrato de compraventa con Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgaray Caso tienen como accionista a Juan Armando Hinojosa, razón por la cual se investigaron las empresas vinculadas con el empresario, señaló el funcionario al leer un comunicado.

Se localizaron cuatro empresas que tienen 22 contratos con el gobierno federal: Constructora Teya; Concretos y Obra Civil del Pacífico; Publicidad y Artículos Creativos; y EOL Plus, S.A. de C.V.

También se identificaron vínculos con el empresario Ricardo Arturo San Román Dunne, titular de dos empresas que mantuvo once contratos con el gobierno federal: Constructores Urbanizadora Ixtapan y Club de Golf Ixtapan.

En el auditorio de la SFP, Andrade Martínez aseguró que se investigó si hubo algún conflicto de interés y también se indagó si existió conducta indebida de 111 servidores públicos que intervinieron en los 33 contratos que mantuvo el gobierno federal con las empresas mencionadas.

Acompañado de Jorge Pulido Vázquez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Javier Vargas Zempoaltecatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; Raúl Sánchez Kobashi, subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública; y Pascual Cervantes Ojeda, Director de Comunicación Social de la SFP; Virgilio Andrade aseguró que no existió conflicto de intereses.

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En el expediente quedó asentado que el 12 enero 2012 se celebró contrato de compra venta con reserva de dominio entre Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. y Angélica para adquirir el inmueble localizado en Sierra Gorda 150 y 160.

Que Rivera extendió cheques de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato por un total de 14 millones 594 mil 031 pesos. El precio pactado del inmueble había sido establecido en 54 millones de pesos, a un plazo de pago de 8 años, con un interés anual de nueve por ciento.

Virgilio Andrade aseveró que se acreditó que los ingresos de la señora Rivera Hurtado provinieron de su carrera de actuación y/o interpretación artística en Televisa Talento S.A. de C.V.

Andrade Martinez puntualizó que Angélica Rivera tuvo ingresos acumulables en 2010 por 130 millones de pesos. De acuerdo a su declaración de impuestos, se desprende que pagó por concepto de Impuesto sobre la Renta 39 millones ese año.

De acuerdo a un Convenio de terminación de la operación de compra-venta del inmueble, Angélica Rivera regresó la posesión de la Casa Blanca. Nunca hubo cesión de propiedad, aclaró Andrade Martínez. De este modo  Angélica Rivera sólo pago 10 millones 500 mil pesos por concepto de renta. Al no haber cedido nunca la posesion del inmueble, Ingeniería Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. se competió a devolver el restante a la primera dama.

Virgilio Andrade también se refirió a la Casa de Malinalco, Estado de México; un predio de 854 metros cuadrados adquirido por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En términos del contrato de compraventa, se acreditó que Luis Videgaray había pagado al 31 de enero de 2014 de su patrimonio la cantidad de un millón 244 mil 716 pesos por concepto de anticipo. Adicionalmente, erogó mas de 6 millones 601 , 349 pesos con recursos de su patrimonio y una parte la pagó con tres obras de arte de su propiedad, recibidas por el vendedor en un monto de 2 millones 250 mil pesos, menos las retenciones de impuestos un millón 800 mil pesos recibió el vendedor por las obras.

La casa de Peña

El inmueble en el Club de Golf Gran Reserva, en Ixtapan de la Sal, propiedad del presidente Enrique Peña Nieto, también fue objeto de escrutinio de la Función Pública.

“En relación con el inmueble ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal se comprobó que el mismo fue adquirido con anterioridad a que fuera servidor público federal el señor Enrique Peña Nieto y que estaba incorporado a su patrimonio previamente”.

Las compraventas se formalizan en escrituras públicas de los predios 7, 8 y 9 en el 2011, señaló Andrade.

La investigación señala que ninguno de los 111 servidores públicos incurrió en conflicto de interés.

“Al presidente de la República no le corresponde participar en la contratación de obra publica”, dijo Andrade Martínez.

De este modo, la SFP corrobora que no hubo ninguna participación ni instrucción del licenciado Peña Nieto en la asignación de ninguno de los contratos, de acuerdo a las declaraciones de los servidores públicos investigados.

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Para la Función Pública, el presidente de la República no intervino en un ningún proceso de contratación, por lo cual no pudo excusarse de participar el los procesos de contratación.

“Durante la administración de Peña ni él su esposa han adquirido bienes”, destacó Virgilio Andrade.

La pesquisa, enfocada en localizar si hubo alguna irregularidad en la forma de asignar los contratos federales al Grupo Higa, una empresa que preside Armando Hinojosa, y que ha ganado diversas licitaciones y adjudicaciones de obras públicas, deslindó de este modo al presidente, su esposa; así como al Secretario de Hacienda.

“Se demostró que Enrique Peña Nieto ni su esposa adquirieron bien alguno con posterioridad a la toma de protesta como presidente de la República”, concluyó Andrade Martínez.

Tampoco hubo participación indebida de Luis Videgaray en la adquisición de la Casa Malinalco, ni fue responsable en contratación de obra.

Todo quedó, finalmente,  en una declaración de buenas intenciones.

En la semana, la bancada del Acción Nacional había impulsado la propuesta de que se citara a Virgilio Andrade para que explicara los resultados de su investigación. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión esperaba un informe de la SFP sobre Grupo Higa, el cual solicitó la semana pasada.

El anuncio se da un día después de que el precio del dólar rompiera la barrera de los 17 pesos, máximo histórico; de una baja en la previsión de crecimiento anunciada por la Secretaría de Hacienda, y de un panorama de especulación provocado por el temor del alza en la inflación.

Los expedientes se harán públicos. No se limitará el acceso ni se hará reserva alguna, concluyó Virgilio Andrade.

Por: Ángel Gallegos