Cd. de México (30 mayo 2025).- La Barra Mexicana de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Escuela de Derecho de Stanford, presentaron en el pasado un recurso conocido como Amicus Curiae, que no es otra cosa que un recurso de un tercero interesado que busca darle elementos de análisis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La idea era que sirviera para sustentar acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, bajo el argumento de que transgredía las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.
En específico, plantearon que la reforma infringía los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial y el debido proceso.
Además, el recurso recordó el fallo de la Corte Suprema de Argentina, que en 2013 declaró inconstitucional una reforma del Consejo de la Magistratura, la cual buscaba aumentar el número de sus miembros y permitir la elección popular de los jueces.
En aquel caso, la Corte argentina rechazo la reforma porque violaba la separación de poderes y la independencia judicial, al politizar el proceso de selección de magistrados.
Por separado, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron sobre los peligros de la reforma del presidente López Obrador al argumentar que “si bien los requisitos de elegibilidad para ministros, magistrados y jueces no cambian en lo sustancial, hay que mencionar que los perfiles de las personas que busquen ingresar al Poder Judicial Federal van a variar de manera importante, porque dejarán de ser relevantes los perfiles que tengan conocimientos especializados, que dominen los principios de interpretación o que demuestren experiencia en el arte de juzgar, y es muy probable que se vean desplazados por quienes tengan alguna cercanía, o estén dispuestos a asumir compromisos con los grupos de poder político y los poderes fácticos que, en definitiva, tienen un interés directo en contar con juzgadores cercanos”, como recalcó César Astudillo en el documento Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República, presentado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
El IIJ puso la lupa sobre las etapas del proceso electivo de los integrantes como la postulación de candidaturas, la verificación de los requisitos de elegibilidad, la campaña electoral, la elección, y la declaración de validez de los comicios.
“Es importante mencionar que quienes tengan la intención de postularse a los distintos cargos de la jerarquía jurisdiccional no podrán hacerlo de manera individual. La iniciativa ha incorporado un modelo, que en lugar de la autopostulación introduce un mecanismo de preselección política de los perfiles a impulsar, en manos de los tres poderes del Estado, el cual hará las veces de filtro inicial dirigido a cribar a quienes aparecerán en las boletas. Para nadie es extraño que las postulaciones atenderán a las preferencias personales del presidente, a la composición electoral que en cada momento tenga el Congreso de la Unión, y a la fuerza de los grupos dominantes al interior de la SCJN y el PJF. Serán, ni duda cabe, perfiles cercanos a ellos, en lo personal, lo ideológico, lo profesional o lo gremial”, abundó el análisis.
Pero la UNAM no fue la única institución que hizo sonar la alarma. La Escuela Libre de Derecho también se pronunció en contra de las modificaciones al marco constitucional.
En el Estudio Sobre la Reforma Judicial, la doctora Eugenia Carmona Díaz de León advirtió en uno de sus capítulos que “la decisión de excluir a los magistrados y magistradas de circuito y a jueces y juezas de distrito implica llevar a la carrera judicial a un punto de no retorno en el que se trunca la movilidad social al interior del Poder Judicial de la Federación, por lo que se desincentiva a si quedarán comprendidos en ella, debido a que no habrá posibilidades de ascenso, por una parte, mientras que se corre el riesgo de que ingresen como magistrados, magistradas de circuito, jueces y juezas de distrito, personas que carezcan de los conocimientos, habilidades y destrezas para llevar a cabo la función judicial”.
Coincidió la maestra Rosa Linda Amezcua, catedrática de la Escuela Libre de Derecho, al considerar que esta reforma trunca la carrera judicial, pues le niega la posibilidad de ascender a todos aquellos trabajadores que comenzaron desde abajo y que ya no podrán aspirar al puesto de juez o magistrado.
Y es que, explicó Amezcua, “la carrera judicial es todo un escalafón muy amplio que empieza desde oficial de juzgado, actuario, secretario de acuerdos, juez y magistrado. Pero jueces y magistrados ya no pueden llegar a partir de la carrera judicial. Es decir ya no pasarán por un proceso de formación, por un proceso de capacitación, un proceso de selección a partir de concursos abiertos o de concursos de escalafón. Se sacan estos dos (cargos) que son obviamente los titulares, digámoslo así, de los órganos jurisdiccionales. Y al momento en que estos dos grandes tipos de puestos o rangos salen de la carrera judicial”.
Entonces, si la motivación de cualquier persona para integrarse dentro del Poder Judicial ya no puede ser el titular de un órgano sino quedarse como personal apoyo al titular del órgano. ¿Para qué molestarse? Cuestionó la catedrática.
“Porque ahora para ser titular de órgano yo necesito ir a competir en las elecciones e incluso para ir a competir en las elecciones ya no me están solicitando ni siquiera que cumpla con ciertos requisitos de capacitación o con ciertos requisitos de formación; lo único que me piden para ser magistrado es que tenga ciertos años de ejercicio profesional y ya entonces la carrera judicial no se está cumpliendo, porque precisamente la carrera judicial es una formación continua y constante de, aproximadamente, por lo menos unos 10 años para ser juez, y para ser magistrado de 15 años, que ya no está presente ahorita dentro de nuestro sistema”, abundó Amezcua.
De acuerdo al doctor en Derecho y ex senador de la república, Miguel Ángel Mancera, la reforma sí atenta contra la carrera judicial, porque afectará de manera irreversible a quienes han venido conformando toda su carrera judicial durante años, y “se vieron obligados a separarse de ella quienes fueron realizando diferentes cursos y quienes a través de exámenes, de rigurosos exámenes, avanzaron de ser secretarios a ser jueces de distrito y de jueces de distrito, a ser magistrados de circuito, a tener un lugar en salas especializadas”. “
“Ahora, abundó, de un golpe se acaba con ello y simplemente ahora lo que campea es la votación, una votación que está claro que sólo va a obedecer a quien pueda movilizar a las y los votantes, y eso tendrá que ser un partido político. Difícilmente una persona, un candidato, una candidata del Poder judicial va a poder generar una movilización para que voten por ella o por él. Eso solamente lo pueden hacer las estructuras políticas”, abundó el legislador.
No solo desde la academia llegaron las objeciones a la reforma judicial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre las implicaciones de la reforma judicial. La Relatora de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, envió una comunicación al gobierno mexicano expresando preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial, donde enfatizó que se ponía en riesgo la independencia de la judicatura y sería incompatible con los estándares internacionales.
Ya desde 2009 la ONU recomendaba privilegiar la carrera judicial. En el informe de Leandro Despouy, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, se destacan los principios básicos de selección y nombramiento que son los relativos a la independencia de la judicatura que prescriben que los jueces sean seleccionados sobre la base de la integridad y la idoneidad y que todo método utilizado para la selección de personal judicial garantice que éste no sea nombrado por motivos indebidos.
Así, Despouy señalaba que “la participación del poder legislativo en el nombramiento de los funcionarios judiciales entraña el riesgo de que dicho procedimiento se politice”.
De acuerdo a la senadora Claudia Anaya, la reforma judicial nació partiendo de una falsa premisa y por lo tanto no llegará al resultado de mejorar el acceso a la justicia de los mexicanos, porque “la justicia, que tiene que ver más con la legalidad, están recargándola en la popularidad y esto de ninguna manera puede suceder porque la impartición de justicia no se debe de recargar en la popularidad. Los actos de justicia son actos legales, no populares. Un juez debe hacer lo que la ley marca, no lo que le dice la multitud o la mayoría. Justo los jueces están para equilibrar que no se le vulneren los derechos a las minorías si se trata de salvaguardar la ley. Entonces la reforma está mal por el lado que la quieres ver”.
Además, un análisis del Observatorio Universitario del Proceso de Elección Extraordinaria a la Suprema Corte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México reveló que de 64 candidatos a ministro, el 58.7 % de ellos carecen de carrera judicial, mientras que menos de la mitad de los candidatos, es decir, el 41.3 %, de las candidaturas sí cuenta con una carrera judicial.
Los integrantes del Observatorio alertaron sobre posibles prácticas de nepotismo, vínculos partidistas e incluso denuncias por violencia de género. En el análisis también se revelaron “inconsistencias en la presentación de currículums, sin criterios estandarizados, así como el uso de redes sociales con perfiles personales poco profesionales y escasa interacción” con sus electores en redes sociales.
Por estas razones, especialistas como el maestro Ramos Sobarzo señalan otros riesgos como, por ejemplo, que “el considerar al sufragio directo y popular como el medio para ocupar ese cargo abre la posibilidad de que integrantes de las fuerzas armadas que cumplan los requisitos de elegibilidad puedan participar en tales votaciones, lo que implicaría un riesgo al considerar que hay asuntos vinculados a violaciones de derechos humanos cometidos por la milicia en los que podrían incurrir en sesgos que afectaran la imparcialidad de los juicios”.
Se corre el riesgo, en palabras llanas, de dejarle la justicia al bando que grite más fuerte.
Ángel Gallegos