Ciudad de México, México (9 de Diciembre de 2020).- El gobierno mexicano resolvió aplazar hasta febrero el debate sobre la ley que busca prohibir las subcontrataciones después de una intensa negociación con el sector empresarial, que pidió al Ejecutivo más tiempo para adecuarse a la nueva norma.
La decisión es fruto de un acuerdo firmado el miércoles en el Palacio Nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunas organizaciones empresariales y de trabajadores que, según el mandatario, demuestra que el Ejecutivo está abierto al diálogo.
La iniciativa parlamentaria busca prohibir la subcontratación de trabajadores, una práctica de la que se ha abusado en México y con la que las compañías evitan cumplir con las debidas prestaciones de ley. Pero los empresarios la consideraron contraproducente en el actual momento de crisis y cuando se han perdido muchos empleos debido a la pandemia.
Las compañías suelen subcontratar empleados a agencias temporales o empresas externas con el fin de evitar gastos. Esos trabajadores laboran frecuentemente en las instalaciones de esa compañía pero reciben de otra su salario, que muchas veces está por debajo de los valores de mercado. A su vez, es común que sean despedidos cada cierto tiempo para no generar derechos.
Según lo acordado el miércoles, las empresas se comprometen a luchar contra los abusos e iniciar procesos para regularizar sus plantillas, explicó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.
Dado que diciembre es la época en la que tradicionalmente más empleados son despedidos, el gobierno hizo un llamamiento para que esto no ocurra y quedó explícito en el acuerdo que si se detectan irregularidades se procederá administrativa o penalmente contra las empresas.
Por su parte, el Ejecutivo aceptó dejar para febrero el debate de la ley en el Parlamento, aunque en ese momento se tramitará como máximo en un mes, y abrir un espacio de negociación para discutir un nuevo esquema de reparto de utilidades “justo, equitativo y que evite discrecionalidad”, dijo Alcalde.
El reparto de utilidades, un derecho constitucional que tienen los trabajadores de recibir una parte de las ganancias que obtiene la empresa, no estaba contemplado en la propuesta de ley sobre subcontrataciones pero será incluido a petición de los empresarios.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el acuerdo logrado con el gobierno y los sindicatos permitirá mejorar la propuesta de ley y “tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada”.
“Los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad”, agregó.
Pero el pacto, suscrito por nueve organizaciones empresariales, fue criticado por algunos colectivos, entre ellos la importante Confederación Patronal Mexicana.
Su presidente, Gustavo de Hoyos, rechazó “cualquier acuerdo o iniciativa que prohíba la libertad de contratación laboral, atente contra la creación y preservación de empleos formales y deteriore la competitividad de las empresas”.
En un comunicado, suscrito también por otras dos organizaciones, indicó que lo acordado el miércoles mantiene el objetivo de prohibir la subcontratación, lo que “llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas”.
Asimismo, aseguró que las irregularidades son de una minoría y se deben a la falta de supervisión y apostó por regular el tema pero respetando “las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses”.
AP Noticias