Ciudad de México, México (28 de marzo de 2018).- A ocho meses del cambio de titular del Poder Ejecutivo ya se han registrado un número igual de periodistas asesinados que en el sexenio anterior —en su mayoría en la impunidad— elevando la cifra de dos administraciones a 104 casos, condenó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El panorama no es alentador, el presidente del organismo nacional Luis Raúl González Pérez dio a conocer que en los seis años previos al inicio de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, se registraron en México 52 homicidios a periodistas. Lo que iguala la misma cifra en los dos sexenios.
Al presentar su Informe Anual de Actividades 2017, el presidente de la CNDH destacó la labor de las Fuerzas Armadas para atención a las víctimas de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado.
El Ombudsman nacional conminó al Presidente de la República seguir con las investigaciones sobre presunta corrupción en el otorgamiento de licencias y autorizaciones para la construcción que pudieron haber ocasionado la pérdida de vidas humanos por los terremotos.
Estos hechos también son investigados por la CNDH dentro del ámbito de sus atribuciones, sin embargo, dijo que sería deseable que tanto las autoridades federales como locales dieran mayor seguimiento a las indagatorias sobre tales hechos para determinar las sanciones administrativas o penales a las que pudiesen haber lugar y de ser así que estos actos permanezcan impune.
En otro orden de ideas, reconoció al gobierno federal por el apoyo brindado para la aprobación de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, así como la ley general en materia de desaparición forzada de personas, con lo cual el país podrá dar pasos ciertos para la sanción a estas prácticas y la atención a las víctimas.
“México tiene una enorme deuda con las víctimas de tortura, los miles de desaparecidos, las familias que día a día asumen con esperanza y deseos de justicia su búsqueda”, expresó González Pérez.
Respecto a la polémica Ley de Seguridad Interior, criticó que se propuso abordar la problemática existente en materia de seguridad y justicia mediante un ejercicio de análisis y discusión abierta, plural e informada que propusiera soluciones integrales y efectivas, sin vulnerar los derechos humanos ni contravenir la Constitución. Sin embargo, lamentó que el llamado no fue atendido.
La Comisión y otras instancias promovieron acciones y controversias de constitucional en contra de dicho ordenamiento, las cuales actualmente se encuentran en trámite.
Con información de Agencia Quadratín