Ciudad de México, México (13 de junio de 2017).- Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente del Senado de la República, exigió a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex, depurar a fondo el padrón de proveedores al detectarse que los contratistas están involucrados en el robo de hidrocarburos. “Queremos que se aplique la ley a este tipo de empresas que trabajan para Pemex, pero también están vinculadas con funcionarios que les otorgan contratos y que hay evidencias e investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de que estaban ordeñando ductos de la empresa productiva del Estado mexicano”, afirmó.
El legislador federal, que integra la Comisión de Energía, recordó que al interior de la empresa contratista Tapia Construcciones –ubicada en el Parque Industrial de Atitalaquia, en Tepeji, Hidalgo– fue descubierta una toma clandestina hermética para sustraer diesel, que se conectaban desde unos 300 metros de distancia.
Por este motivo, Sánchez Jiménez dijo que se debe investigar, además, a ex gobernadores como Rafael Moreno Valle, así como los alcaldes de Puebla, “ya que durante la gestión del mandatario poblano se incrementó exponencialmente el robo de hidrocarburos en el llamado triángulo rojo”.
El legislador de izquierda consideró que no se requieren más reformas para sancionar a los llamados huachicoleros, que según se ha denunciado incluso utilizan a niños como escudo para realizar este tipo de robos, sino aplicar la Ley vigente a empresas que se están beneficiando por la comisión de este delito.
Esta misma semana, autoridades de la dirección jurídica de la paraestatal revelaron la cancelación de contratos con empresas particulares, al tiempo de pronunciarse por ampliar las investigaciones “porque no basta con sancionar a simples estaciones de gasolina, sino a grandes contratistas y funcionarios de primer nivel”.
En este sentido, el legislador federal recordó que la publicación por parte del titular del Ejecutivo Federal y la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “contempla sanciones severas a empresas que incurran en delitos como pagos ilegales a funcionarios, sobornos, cohecho o beneficios indebidos, contemplando multas millonarias y hasta la extinción de dominio”.
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